El mensaje del Tesoro Federal que nadie quiere escuchar

December 8, 2019

El Departamento del Tesoro Federal parece estar firme en eliminar el reembolso que le provee a las empresas foráneas por el arbitrio habilitado localmente en el 2010 para aumentar la base contributiva de forma temporera. Mientras el gobierno federal nos envía firmes y poderosos mensajes, acá parecemos ignorar lo que parece ser una decisión muy clara de la Casa Blanca, de que se acabó la generosidad de nuestro histórico benefactor.  

 

El mensaje yo lo veo bien claro, hay que comenzar a buscar nuestras propias soluciones y comenzar a reducir la dependencia en instrumentos y recursos que no controlamos. En este análisis, no se puede perder de perspectiva es que el propio gobierno federal enfrenta desafíos fiscales, con una deuda de 23 trillones y un déficit en aumento. 

 

El impuesto a las corporaciones foráneas se habilitó de forma temporera. El mismo fue creado por la Administración de Luis Fortuño, dentro del contexto una profunda crisis fiscal y las reformas económicas de aquel momento.

 

El racional de política pública del impuesto, fue financiar la reforma contributiva que se implementó en el 2011, y proveer liquidez al gobierno, que experimentaba un profundo déficit en aquel momento. La reforma contributiva, redujo agresivamente las tasas contributivas a los individuos y a las corporaciones, y liberó $1,000 millones de dinero, que, en lugar de ir al gobierno, se quedó en la economía privada.

Esa inyección, unida los fondos ARRA ($7,000 millones) fueron esenciales para apoyar la moderada recuperación que se experimentó entre el 2011 y 2012.

 

 

 

Inyección de $1,800 millones en nueva liquidez al sistema

 

Los ingresos del nuevo tributo permitieron ampliar la base contributiva del gobierno para financiar la reforma. En su momento fue controversial, por la rapidez con la que se aprobó ya que tuvo un efecto en las corporaciones foráneas, en esencia, empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos.

 

Sobre 50 empresas tuvieron que comenzar a pagar un arbitrio de 4% por sus transacciones comerciales entre la empresa matriz y sus filiales en la Isla.

 

La estructura del arbitrio permitió que las empresas norteamericanas en la isla reclamen un crédito de 100% de lo que paguen al gobierno del ELA por concepto del nuevo arbitrio, lo que neutralizaba su efecto en las operaciones en la Isla.La Ley 154 de 2010, estipulaba que el arbitrio de 4% iría reduciéndose, y se supone quedara eliminado en el 2016. Sin embargo, a partir del 2012, gobiernos subsiguientes modificaron la ley, para mantenerlo fijo en 4% y extender su vida hasta el día de hoy.

 

Esto ha permitido que el Fondo General genere cerca de $1,800 millones anuales de forma recurrente desde el 2011, y de forma global, el fisco ha recibido $16,200 millones, que a su vez ha sido un costo para el Tesoro Federal.

 

En esencia, el efecto neto del arbitrio ha sido que el gobierno y la economía de Puerto Rico han recibido un rescate de $16,200 millones, durante la última década. Esto ha sido fundamental, para evitar un colapso fiscal dentro del contexto de la quiebra gubernamental que se formalizó en el 2016 con la entrada de la Ley Federal PROMESA, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

 

La única opción viable es convertir el arbitrio, en un impuesto al ingreso de las corporaciones foráneas dentro del marco de la nueva ley de impuestos habilitadas por la Administración Trump en el 2017.

Eso implicaría que solo el 80% del impuesto pagado al Departamento de Hacienda sería acreditable a las empresas operando aquí.

 

Eso dejaría un impacto contributivo neto de 20%, que se distancia del crédito de 100% que se les provee bajo el actual estatuto.

 

Bajo el actual contexto, el reto es monumental. El gobierno tendría que hacer los cambios dentro de un duro proceso de ajuste fiscal impuesto por PROMESA y la JSF. Desde Washington, el mensaje no es muy alentador, y las ayudas federales para reconstruir a la Isla, parecen estancadas.

Dicho lo anterior, urge buscar una salida creativa que minimice el impacto fiscal, y a la misma vez rehabilite la competitiva industrial de la Isla sin depender de incentivos y mecanismos que no controlamos.

 

 

 

 

 

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