PR: Crucificado por $15,000 millones en nuevos impuestos

November 3, 2018

En momentos en que nuevamente la Asamblea Legislativa intenta “reformar” o deformar el sistema contributivo, me parece meritorio poner en perspectiva varios puntos y refrescar la memoria colectiva del país.  Desde que comenzó la crisis fiscal en el 2001, los contribuyentes y la ciudadanía, han sido acribillados por una amplia cantidad de impuestos, que han debilitado su poder adquisitivo.

 

Entre el 2006 y el 2016, los diferentes gobiernos, nos han crucificado con nuevos impuestos que han impactado nuestro bolsillo por $15,000 millones.

 

En el 2001, mientras comenzaron a surgir los déficits estructurales, se implementaron aumentos en los arbitrios a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, para cuadrar el déficit de entonces, estimado en $700 millones. La entonces Gobernadora Sila Calderón, intentó implementar una reforma contributiva fundamentada en un IVA que nunca despegó. 

 

En el 2005, en medio del gobierno compartido, ya el déficit estructural era mayor, estimado en $1,200 millones. A pesar de la promesa de implementar un programa de alivios contributivos sin precedentes, la historia fue otra.

 

En medio de la crisis política de aquellos tiempos, cerró el gobierno y surgió la idea de imponer un impuesto al consumo de 5.5% para ampliar la base contributiva y evitar la degradación del crédito del gobierno a chatarra.  En una maratónica sesión legislativa de madrugada, con la prisa en contra, la Asamblea Legislativa, votó por una legislación que en vez de habilitar un impuesto al consumo de 5.5%, fue de 7%. Alivios menores fueron incluidos en esa reforma contributiva, pero no fueron suficientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno, siguió gastando y emitiendo deuda. Entre el 2009 y el 2012, con una aguda crisis, resultado de que el IVU no resolvió el problema fiscal. la administración de gobierno, tuvo que imponer unas medidas de austeridad e impuestos temporeros.

 

Más adelante, la propia administración implementó lo que fue posiblemente la reforma contributiva más completa y ambiciosa implementada desde el 2000. Se introdujeron agresivas rebajas en los impuestos personales y corporativos, que dejaron sobre $1,000 millones en las manos de los individuos y las corporaciones.

 

En el 2013, nuevamente el gobierno regresa a manos del PPD, y con un cambio filosófico de orientación populista, se revirtieron las rebajas contributivas, se aumentó el gasto público. La retórica adversarial (Me Vale) hacia los mercados de capital, provocaron que en el 2014, degradaran el crédito a chatarra. Cuando el gobierno estaba claramente insolvente, se le ocurrió la idea de implementar un IVA de 16% de base amplia, en la que todo los servicios y productos estarían sujetos al nuevo impuesto.

 

Con el gancho de que se introducían reducciones al impuesto sobre ingresos, el entonces Gobernador, intentó sin éxito pasar una reforma fundamentada en el IVA de 16%.  Su intento fracasó y terminamos con un aumento en el IVU de 7% a 11.5%, sin alivios contributivos.

 

Con el gobierno ya en quiebra, y la supervisión directa de una Junta Federal, impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, la Asamblea Legislativa se embarca en una mal llamada reforma contributiva. Lejos de introducir una verdadera reforma como lo demanda la actual crisis, intentan colar bajo el manto de la “Reforma” legalizar 40,000 tragamonedas que deben producir $150 millones anuales. 

 

La “deforma contributiva” como le he llamado, deja inalterada las tasas contributivas, y no elimina el impuesto sobre los inventarios, elemento fundamental para ayudar al sector comercial.  Solo introduce un crédito de 5% a todos los contribuyentes, baja la tasa corporativa de 39% a 37%, elimina el impuesto B2B de 4% a empresas con volúmenes de ingreso por debajo de $200,000. La deforma, reduce el IVU a los alimentos procesados de 11.5% a 7%.

 

También modifica la contribución alterna mínima, con efectos adversos sobre comerciantes y personas que trabajan por cuenta propia.

 

En fin, una “mogolla” de enmiendas al código contributivo que en nada atiende los objetivos primordiales de un sistema contributivo eficiente y de altura, que es asegurar los recursos óptimos del estado, redistribuir de forma justa la riqueza que produce la economía, y promover el ahorro, el trabajo y la inversión. 

 

La deforma presentada no es otra cosa que una medida para el gobierno y la legislatura, levantar ingresos para mantener contratos y el gasto desmedido. Lo trágico del asunto es que se fundamenta en la legalización del vicio de las apuestas en las tragamonedas.

 

Afortunadamente, la Junta de Supervisión Fiscal, anoche 2 de noviembre, envió una carta donde deja ver sus dudas en torno a esta deforma contributiva, porque no encaja con el Plan Fiscal aprobado.

 

En los próximos días sabremos el futuro de este proceso. Hay que mantenerse atentos.

 

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