Las pensiones: Un problema de $56,000 millones

De forma combinada, la deficiencia actuarial combinada de los sistemas de pensiones del gobierno central y de los maestros, asciende a $56,000 millones (gobierno central es $38,000 millones y maestros, $18,000 millones). El gobierno central tiene una población retirada 125,000 que dependen de estas pensiones, hay 42,000 maestros jubilados, dependientes de su sistema de retiro, para un total de 167,000 jubilados cuya suerte financiera está en la posibilidad de que se encuentre alguna solución pronto a este problema. El sistema de retiro paga anualmente, $1,700 millones mientras que el sistema de retiro de maestros, paga beneficios anuales ascendentes $800 millones.


Fundado en el 1952, el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno Central fue una de las leyes de avanzada social que se implementó en Puerto Rico en pleno despegue económico e industrial. Fue un programa de vanguardia que convirtió al gobierno en un lugar atractivo para profesionales ir a aportar al servicio público. La tecnocracia que se desarrolló gracias a este y otros programas gubernamentales fue clave durante las primeras décadas del desarrollo institucional de la Isla. Pero ya a finales de la década del 1970, la voracidad de la política partidista comenzó a corroer la sustentabilidad financiera a largo plazo de este Sistema.


Los sistemas de pensiones del gobierno están insolventes gracias a las malas prácticas administrativas implementadas durante las últimas cuatro décadas. El aumento de beneficios sin aumentar aportaciones, las malas estrategias de inversión y los abusos financieros contra el sistema, aceleraron su muerte en el 2017. En el 2013, de forma tardía, la anterior administración de gobierno legisló una reforma del sistema de retiro, que se quedó corta.


Luego de su colapso, el gobierno ha tomado la decisión de pagar las obligaciones financieras del sistema de retiro, del Fondo General. Sencillamente, las pensiones hoy, las estamos pagando los contribuyentes, en un momento donde las presiones fiscales son insostenibles y mientras la propia base contributiva está en proceso de contracción. He estimado que anualmente, cada pensionado le cuesta a contribuyente anualmente $2,000. El argumento aquí no es al rechazo a la responsabilidad financiera o moral que la sociedad pueda tener con los 125,000 pensionados que nunca pensaron que su pensión pudiera dejar de existir gracias a la irresponsabilidad administrativa de los gobiernos. El planteamiento central es ¿Cómo podremos cumplir con esa responsabilidad dentro de los grandes desafíos financieros que tenemos ante nosotros en estos momentos?


Hoy, las pensiones se pueden pagar del fondo general porque no se está pagando el servicio de la deuda, y porque se asignaron $4,800 millones para extender la vida del programa de Medicaid en la Isla. Una vez se tenga que comenzar a pagar deuda y se vuelva a acabar el dinero para financiar el programa de salud, habrá problemas para pagar las pensiones.


Una solución responsable


Por los potenciales costos económicos y sociales que tiene este problema de las pensiones, urge buscar una solución real. En el corto plazo, los recortes de beneficios deben concentrarse en las pensiones de mayor cuantía, muchas de ellas altamente cuestionadas. Igualmente, la negociación de la deuda y de las demás obligaciones financieras del gobierno de Puerto Rico dentro del título 3, deben dejar recursos para poder pagar las pensiones ajustadas a la nueva realidad. Por último, me parece asertiva una propuesta del Ejecutivo que buscaba destinar un porcentaje de la privatización de los activos del gobierno hacia un programa que permita pagar las pensiones. Hay una deuda hacia los miles de retirados, solo falta decidir como vamos a cumplir.



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