Lo que parecía algo lejano e improbable ya es casi un hecho, el gobierno de Puerto Rico enfrenta la posibilidad de una insolvencia. Parece que pronto, muy pronto, el gobierno no tendrá dinero para cumplir con sus responsabilidades, y los que aún ponen en duda la seriedad de la crisis fiscal, confirmarán que hemos llegado al final.
La realidad nos explota en la cara y muchos quieren mirar para el lado. El Departamento de Hacienda vive de semana en semana contando el dinero para apenas pagar la nómina; el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) solo tiene un poco más de mil millones en liquidez; la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no puede pagar la deuda a sus acreedores; la Administración de Seguros de Salud (ASES) enfrenta serios problemas de liquidez.
Además, los tribunales trabajan con jornada reducida por falta de recursos, y sobre cuarenta municipios trabajan con una jornada parcial. Poco a poco, la crisis fiscal comienza a tocar de cerca cada aspecto de nuestra cotidianidad. La depresión económica que cumplirá una década en el 2016, se ha vuelto sistémica y amenaza la estabilidad de toda la economía. Nadie le quiere prestar a Puerto Rico excepto los “fondos buitres” a tasas de usura, hipotecando a las futuras generaciones.
Parece que de nada han servido todos los impuestos, desde el IVU en el 2006 hasta la patente nacional, y los impuestos a los derivados del petróleo. Como analizo en mi libro “El último tarjetazo: De la Chatarra a la Oportunidad” todas estas nuevas imposiciones contributivas han generado $11,900 millones en nuevos impuestos, y aún el gobierno tiene un déficit operacional de $680 millones.
El problema no es de ingresos, es de gastos.
Con el IVU agrandado, y los demás impuestos convertidos en ley la semana pasada por el gobernador, se añadirán $1,800 millones en nuevos ingresos, que saldrán de nuestro bolsillo. La noticia no tan positiva, es que el gobierno no logrará los recaudos y la crisis fiscal se agudizará mucho más. El gobierno no acaba de entender que los nuevos impuestos no lograrán sus objetivos de recaudos, porque la economía sigue en caída, hay menos empresas, menos fábricas, menos inversión, menos ingreso y menos población. Datos del propia Junta de Planificación indican que el 98.5% de los consumidores, ya está comprometido, es decir, el puertorriqueño promedio vive de cheque en cheque, pero aún así el gobierno quiere seguir aumentando los impuestos.
Otro dato estadístico es que la base productiva y contributiva se ha reducido cerca de 15% como resultado de la larga depresión, y lejos de ajustar el gasto público a la nueva realidad, continúa apegado a la misma receta que nos trajo a la actual crisis, emisión de deuda, y más impuestos.
Para variar los nuevos impuestos y la inclinación a confeccionar un presupuesto (2015-16) enfocado en gastos más que en inversión, nos garantiza doce meses de contracción. Por ahí viene, el aumento en tarifa de la AEE para pagar a los bonistas justo cuando subirá el IVU a 11.5%, todo esto en medio de la sequía, y los políticos siguen en su guerra chiquita, que nada resuelve, mientras el país se vacía antes de que llegue la insolvencia total.
