La llegada de la época del verano en Puerto Rico siempre ha sido sinónimo de descanso y playa. En los buenos tiempos de antes, miles de familia puertorriqueñas se iban a Orlando para disfrutar del reino mágico de Disney. Los menos afortunados se iban a las playas de Boquerón, o a acampar, a la playa de Flamenco en Culebra. Todos de alguna manera, nos desconectábamos de la cotidianidad para disfrutar del rico verano.
Luego del comienzo de la depresión económica en el 2006, la cosa comenzó a cambiar. En la entrada al verano de ese mismo año, llegó el cierre parcial del gobierno y la creación del IVU de 7%. Una década después, luego de varios experimentos fallidos, entre ellos, docenas de impuestos, cuantiosas emisiones de deuda pública y dos cambios de gobierno, parece como si la situación fiscal y económica estuviera a punto de estallar en el verano del 2016.
La génesis de la agudización de la actual crisis tiene una explicación. El gobierno de Puerto Rico lleva dos años sin acceso formal al mercado de capital. Luego de la caída en espiral de los precios de los bonos gubernamentales, en septiembre de 2013, comenzó el conteo final que llevó a la degradación del crédito del gobierno en febrero 4 de 2014.
A partir de ahí, era cuestión de tiempo que comenzarán a generarse las enormes presiones financieras sobre la operación gubernamental. Por mucho tiempo, el gobierno local recurrió al uso de emisión de deuda para pagar el vencimiento de la deuda que vencía, es decir, un refinanciamiento constante. Puerto Rico era el “nene lindo” del mercado municipal de deuda pública ascendente a $3 trillones, donde los estados, las ciudades y las utilidades públicas, colocan sus venden sus bonos para levantar capital.
Éramos los preferidos en ese mercado, por la triple exención contributiva que gozaban los emisores de deuda del ELA, como parte de un arreglo especial con el gobierno federal. Eso proveía a los bonos locales, un mayor rendimiento versus los demás emisores de deuda. Fue así que se llevó la deuda al nivel actual de $70 millones y como se ha hipotecado el futuro de las próximas generaciones.
Los persistentes problemas estructurales de la isla, la incapacidad de reactivar la economía, el cambio en la política fiscal a partir del 2013 y los mensajes poco consistentes hacia las casas evaluadoras del crédito y el mercado de capital, provocaron que Puerto Rico perdiera acceso a su principal fuente de financiamiento. El mercado de bonos se cerró, la legislatura al bloquear el IVA, evitó la posibilidad de seguir castigando a la gente y las empresas, con más impuestos, y ahora el gobierno va camino a la insolvencia total y posiblemente, impagos de algunos bonos.
Para complicar el panorama, al momento de entregar este artículo circulaban fuertes rumores del cierre del Banco Gubernamental de Fomento, que agregará un mayor nivel de complejidad al cuadro actual.
Los efectos de los impagos
Entre mayo y julio, habrá vencimientos de diferentes bonos, ascendentes a $2,000 millones. Entre ellos, notas del Banco de Fomento, bonos de obligación general y deuda garantizada por la Constitución del ELA. Si de aquí al verano no hay una solución “fuera de la caja”, es decir una solución no convencional, no tengo duda de que habrá impagos totales o parciales, lo que afectará grandemente a diversos sectores de la economía, incluyendo componentes del sector financiero, como lo son las cooperativas de ahorro y crédito. Este escenario, pudiera generar un efecto en cadena, sobre el resto de la economía, lo que agravaría el desempeño económico del país durante la segunda mitad del 2016.
El segundo efecto de los impagos es que provocaría pleitos judiciales por parte de los acreedores contra el gobierno para reclamar su pago, lo cual costaría millones de dólares de las arcas gubernamentales que están literalmente en estado de insolvencia. El tercer efecto, es que este ambiente haría imposible que el gobierno pueda colocar las notas de anticipación (TRANS por sus siglas en inglés), que ha sido una fuente tradicional de financiamiento durante mucho tiempo, para cubrir los primeros meses de cada año fiscal.
Sin los “TRANS” el funcionamiento gubernamental será casi imposible y pudiera obligar a una reducción dramática de los servicios lo que generará una mayor contracción en la economía, agudizando el ciclo de contracción vigente del 2006. La incertidumbre que provocará este posible estado de caos, acabará de destruir la poca confianza del consumidor, lo cual frenará más el consumo y las decisiones económicas. En síntesis, Puerto Rico camina hacia un peligroso abismo de cara al verano.
Desde mi perspectiva, la única solución ante la evidente incapacidad del gobierno y de la oposición política para evitar el colapso de Puerto Rico, es que el Congreso agilice la aprobación la Junta de Control Fiscal.
Penosamente esa Junta vendrá a tomar las decisiones que, por mucho tiempo, localmente no hemos querido tomar.
